SD. La Cámara de Diputados aprobó anoche las modificaciones a la Ley General de Electricidad, que criminaliza el robo de la energía por parte del usuario y establece sanciones para las empresas distribuidoras cuando se les comprueben faltas graves.
La ley sanciona con prisión de tres a cinco días y multas de tres a cinco salarios mínimos o ambas penas a la vez, a los usuarios cuando la energía sustraída sea inferior a los 1,000 kwh. La pena máxima para los infractores será de tres años y multas de 320 a 5,000 salarios mínimos, cuando la potencia sustraída sea superior a 100 kilowatts (es decir, alta tensión).
Los diputados dejaron fuera de la ley los aspectos que tocan a los entes reguladores del sistema eléctrico y los relativos a las empresas generadoras de electricidad
nota :no dan buen servicio y ahora el que se roba la luz va preso que maldito lio es nuestro pais
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